En los últimos 8 meses desde Mugarik Gabe hemos estado en tres ocasiones en Colombia y pudimos visitar territorios como el eje cafetero, el Cauca, Antioquia y Bogota. Excepto en esta última ciudad, en la cual nos encontramos con diferentes instituciones colombianas, en el resto del país hemos podido conversar y ser testigas de la vulneración sistemática de los derechos humanos, tanto por el estado colombiano, como por los diversos grupos armados.

Comenzando por el derecho a la movilización y libre expresión, continuando por el derecho al territorio, y finalizando con el derecho a una vida libre de violencia y una vida digna. Obviamente, nos estamos dejando muchos derechos en el camino, sobre todo los relativos a los pueblos indígenas que representan un 4,4% del país, según el último censo nacional llevado a cabo en el año 2018.

En el primer viaje, nuestro trabajo se centró más en recabar testimonios de las personas y/o familiares de personas que estaban siendo señaladas como participantes activas del paro nacional declarado el 28 de junio del 2021. Personas que estaban siendo perseguidas, amenazadas, abusadas, desaparecidas, torturadas, despedidas, mutiladas… personas que cada una de ellas tenía un nombre, cada nombre un rostro y cada rostro una historia.

Cruel podría ser uno de los adjetivos que perfectamente pudiéramos poner en ese momento a los ataques del gobierno colombiano hacía la sociedad civil. Pues en ningún momento mostró ápice de interés en el diálogo, sino que utilizó toda fuerza y arma posible para hacer sufrir a jóvenes, pensionistas, indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres, integrantes de los colectivos LGTBIQ+… Al menos, las cargas policiales y la utilización de estrategias militares, a través de escuadrones del terror compuestos por el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) no hacen parecer lo contrario.

Vidas que se fueron. Pensar que quedaron truncadas y que nunca volverán a ser las mismas. Impactos que durante las dos siguientes visitas, han seguido siendo visibles. El gobierno colombiano, continua asediando a las personas que en algún momento participaron en las movilizaciones del paro, o quizás no participaron. Hoy muchas de las personas, que en algún momento participaron en las movilizaciones del Paro Nacional siguen siendo perseguidas, amenazadas y, sobre todo, judicializadas arbitrariamente. Una orquesta jurídica que está haciendo que parte de la juventud que salió a las calles por primera vez esté marcada física, mental y económicamente. Los costos que conllevan los juicios y las defensas de los mismos, son inasumibles por jóvenes que apenas estaban terminando la secundaria, comenzando la universidad o en un trabajo precario. Incluso la estancia en la propia cárcel tiene un alto costo económico que no está al alcance de cualquiera.

Tal y como recoge el informe final MISIÓN SOS COLOMBIA, durante las movilizaciones del paro nacional se registraron, al menos, 11 patrones de violaciones de Derechos Humanos; homicidios selectivos, lesiones personales, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, lesiones oculares, agresiones con armas de fuego, violencias basadas en género, detenciones arbitrarias e ilegales, judicializaciones arbitrarias, desapariciones forzadas y estigmatizaciones, señalamientos y persecuciones.

Para ampliar la información sobre el Paro Nacional y el Informe Misión SOS Colombia invitamos a que visitéis los siguiente enlaces a informes y artículos relacionados con la Misión SOS Colombia, las “Cifras de la violencias en el marco del paro nacional 2021”, “El sometimiento de la democracia; un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021” y, el “Paro Nacional en Colombia: la eterna lucha de la Minga Indígena por una vida digna”, publicado en la página web del Consejo Regional Indígena del Cauca.

El segundo viaje, en septiembre, estuvo marcado por el encuentro “CuiDÁNDOME, cuiDÁNDONOS entre nosotras” organizado por la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, en Medellín, Colombia. Un encuentro, marcado por el debate sobre las múltiples violencias que sufren las mujeres en el acceso a la participación social, política y económica.

Entre actividad y refacción, pudimos obtener relatos de lideresas, y alguna historia llegaba de mujeres que, tras haber dedicado toda su vida a la participación pública, en el momento en que la vejez tocaba sus puertas, se encontraba sin poder contar con ninguna prestación económica, viviendo en la calle, por no poder pagar las facturas o avocadas a la mendicidad.

Algunas otras experiencias de defensoras de derechos relataban, que estar en el “para afuera” había conllevado el descuido del cuidado propio ¿Quién cuida a la persona que cuida? ¿a la persona que defiende nuestros derechos?. Por todo ello, desde la Corporación para la vida Mujeres que Crean habían comenzado un proceso en alianza con otras 6 organizaciones de Medellín para que en sus organizaciones, en las cuales trabajan con defensoras, visibilizarán los cuidados y estos pasarán a estar en el centro de las mismas.

En ese mismo viaje, pero en otros espacios, pudimos comprobar cómo los territorios indígenas no sólo están en disputa, por grupos armados al margen de la ley; paramilitares, narcotraficantes o guerrillas, sino que el tejido comunitario se está transformando. Las relaciones sociales se tensan y la usurpación de la Madre Tierra por parte de estos grupos armados está teniendo cada vez consecuencias más terribles en las niñas, niños y adolescentes mediante secuestros, abusos, violaciones, reclutamientos. Al mismo tiempo, históricamente en algunas territorios indígenas la minería, llamada artesanal ha existido y hoy está tomando más fuerza, por lo que también algunos territorios indígenas han entrado al juego del control territorial a cambio de un beneficio económico, o del cultivo de uso ilícito a cambio de una mayor suma de dinero que el que dejan los cultivos tradicionales.

Hay algunos relatos que se nos quedaron grabados, como el de la autoridad indígena de una de las comunidades que compartía que ya era la tercera vez que llegaba un grupo armado solicitando que organizarán una fiesta y que llevaran a la misma a todas las niñas y adolescentes de la comunidad. En esas fiestas, además de alcohol y drogas por doquier, seleccionaban a las menores que querían llevarse a cambio de no asesinar ni incursionar en esa comunidad.

Por parte de los grupos armados, una de las estrategias para ese control territorial ha sido el minado de comunidades. A consecuencia de ello, personas de todas las edades y géneros, así como animales, han perdido algún miembro de su cuerpo o la vida. En otras ocasiones, el asesinato selectivo de autoridades indígenas que se oponen a su presencia.

Algunos miedos sobre las consecuencias que estaba teniendo el conflicto en las comunidades se nos quedaron instaladas. Las condiciones de vulnerabilidad en la que se encontraban los territorios indígenas y que el gobierno colombiano no hiciera nada, solo trae impunidad, revictimización, ausencia de reconocimiento de los territorios indígenas, ninguna medida de protección.

Para poder saber más sobre las consecuencias de los grupos armados en territorios indígenas compartimos los siguientes enlaces a artículos relacionados con las consecuencias minas, asesinato de autoridades indígenas, los cultivos de uso ilícito en las comunidades y la Ausencia del estado.

Otro de esos miedos era el suicidio de menores. En el tercer viaje, en enero del presente año, confirmamos que ya se había dado. Niños de 7, 8 ó 12 años que se suicidaban en las comunidades; niñas de 10-13 años que se quitaban la vida.

Igualmente, los testimonios en esta ocasión, volvían a llevarnos a prácticas de guerra como son el reclutamiento forzado, las minas antipersona o los ataques con coches bomba. Ejercer la participación política, movilizarse o defender la vida y la naturaleza se han convertido en un acto heroico, que muchas veces tiene como consecuencia la pérdida de la propia vida.

Por tercera vez, en esta ocasión con mayor virulencia, hemos sido testigas del aumento y recrudecimiento de la violencia, de la criminalización de la protesta, de la expansión de las economías ilegales, de la falta de implementación de los Acuerdos de Paz y del exterminio de quiénes defienden los derechos humanos.

Organismos internacionales como la ONU no pueden hacer misiones humanitarias a territorios, porque no pueden acceder a ellos, y hasta sus vidas corren peligro. Por tanto, las comunidades están sitiadas y con pocas probabilidades de supervivencia, pues sus campos se están llenando de cultivos ilícitos y los productos que necesitan para vivir los tienen que ir a buscar fuera.

En los siguientes enlaces encontrarán más información sobre los hallazgos de la misión realizada por la Delegación Vasca de Observación de Derechos Humanos en Colombia y a finales del mes de marzo, se podrá acceder al informe completo de la misión a través de la página web de Mugarik Gabe o Zehar Errefuxiatuekin.

Por último señalar que este 2022 es un año electoral. En marzo habrá elecciones legislativas y en mayo serán las presidenciales. Se abre una puerta a la esperanza, una ventana para la cordura, un camino para que la protección y defensa de los derechos humanos en Colombia pueda ser real. Un país sumido cada vez más en una mayor pobreza, en una más acentuada violencia, en una crisis humanitaria endémica.

Desde Mugarik Gabe seguiremos viajando, acompañando y apoyando para que los derechos humanos en Colombia dejen de ser un sueño o una esperanza y se conviertan en realidad. Estamos convencidas de que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y que pueblos somos todos los que habitamos el planeta con derecho a tener una vida digna, libre de violencia y propia.