Mujer de 55 años, casada y con una hija. En su municipio, la población lleva años intentando hacerse escuchar, porque se niegan a la instalación de una empresa hidroeléctrica. En 2006 realizaron una consulta comunitaria donde la mayoría dijo que no quería proyectos extractivos. Ella, al ser portavoz de esta demanda popular, tiene orden de captura girada por el Ministerio Público, en respuesta a una demanda puesta por el ex alcalde del municipio.
El Ministerio Público ha montado en su contra un proceso penal falso –dos de las autoridades ancestrales ya están en prisión–. En la región prevalecen las prácticas de terror para intentar limitar la organización social en contra de las multinacionales. Ella vive con mucho miedo esta situación, pues en cualquier momento pueden detenerla.