En la madrugada del 7 de julio de 2008, durante las fiestas de San Fermín, Nagore Laffage se encontró en la calle con José Diego Yllanes, un residente de psiquiatría al que conocía de vista, ya que Nagore realizaba sus prácticas de enfermería en la misma clínica. Cuando llegaron al domicilio del chico, Nagore quiso marcharse pero este no le dejó salir. Nagore fue golpeada brutalmente y con las fuerzas muy mermadas, cogió el teléfono y llamó al 112 para pedir ayuda. Su voz resultó inaudible para los servicios de emergencia. Nadie pudo acudir a su rescate y terminó siendo estrangulada por su captor.
Yllanes se propuso entonces borrar las huellas del crimen, cargó el cadáver en el maletero de su coche y ocultó el cuerpo en el monte. El cadáver fue encontrado pocas horas después por una mujer que había salido a pasear con sus perros. Yllanes fue juzgado por un jurado popular. Todas las acusaciones, encabezadas por el propio fiscal, pidieron veinte años de prisión por un delito de asesinato. Sin embargo, la defensa consiguió que el jurado considerase que no había existido alevosía. En una decisión que sorprendió a todos, el jurado decidió tener en cuenta las argumentaciones de la defensa y condenó a Yllanes por homicidio en lugar de asesinato.
En pocos años, si el condenado da muestras de buen comportamiento, le concederán permisos para salir de prisión. Este caso ha abierto una brecha en varios frentes: por un lado, la familia de Nagore sigue su lucha por la justicia, para que se emita una sentencia por asesinato; por otro, en el ámbito jurídico, se debate la conveniencia o no del jurado popular, una figura compuesta por personas que normalmente tienen pocos o nulos conocimientos sobre derecho.