Nos plantean los recortes y reformas como si no hubiera otra opción, cuando es evidente una elección política que recorta 3.020 millones de euros para la población beneficiaria de la Ley de Dependencia (por disminución y endurecimiento de requisitos en el presupuesto 2012) y al mismo tiempo concede a Bankia una segunda ayuda estatal, esta vez de 4.500 millones de euros. Opción que decide paralizar las reformas legales para la corresponsabilidad y reducir los servicios públicos y al mismo tiempo fomentar el trabajo a tiempo parcial o aumentar las partidas para inversiones. Es una cuestión de prioridades. Prioridades que por su puesto tienen un impacto diferenciado en mujeres y hombres, aumentando la desigualdad ya existente, pero que no se visibilizan (se da una inaplicación sistemática de la presentación de los informes de impacto de género que deben acompañar cualquier proyecto de ley, plan o medida anticrisis) ni se buscan medidas que promuevan la igualdad.

Se presentan los recortes como inevitables y se solicita el esfuerzo de toda la ciudadanía, ¿por qué hablar ahora de toda la ciudadanía y no de los grupos responsables de la crisis o de quienes más recursos tienen? ¿Por qué se nos trata por igual sólo cuando hay que asumir las consecuencias negativas de este modelo? Están disfrazando de inevitable el recorte de derechos sociales y aprovechando la “crisis económica” para dar un paso más al neoconservadurismo de las políticas, no sólo económicas sino también ideológicas.

El caso del aborto es claro. En medio de las polémicas vinculadas a los recortes, viene anunciándose desde el inicio de la legislatura del Partido Popular, concretamente por el Ministro de Justicia, una reforma restrictiva de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2010. Esta Ley tenía limitaciones pero suponía también importantes avances como el aborto libre hasta las 14 semanas o la información y educación afectivo-sexual y reproductiva en el sistema educativo. La principal reforma estaba enfocada en el cuestionamiento de la posibilidad de que las menores pudieran abortar sin consentimiento paterno, pero parece que va ampliándose a otros temas como la limitación del acceso a la anticoncepción de urgencia, llegando a plantear la vuelta a una ley de supuestos, no de plazos (este último es el modelo mayoritario en Europa).

La ley de 1985 despenalizó el aborto en los supuestos de riesgo grave para la mujer, violación o malformaciones del feto, en los tres casos con informes o denuncia de terceras personas a diferencia de la ley de 2010 en la que se despenaliza la práctica del aborto hasta las 14 semanas siendo decisión de las mujeres, aumentando los plazos en caso de riesgo para la mujer o el feto. No siendo suficiente las reformas iniciales propuestas, parece ser que el gobierno del PP está planteando eliminar la posibilidad de realizar un aborto cuando existen malformaciones en el feto, reduciendo incluso más los supuestos aprobados en la Ley de 1985. Este tipo de planteamientos contribuye a lo que Alicia Puleo denomina una “Contrarreforma Patriarcal en curso en distintas partes del mundo, cuyas ideologías son contrarias a las libertades individuales y particularmente alérgicas a las de las mujeres”.

La vuelta a los supuestos, sería un claro retroceso en el abordaje de la salud sexual y reproductiva de manera integral, como salud pública y como un asunto de derechos humanos. La salud sexual y reproductiva es reconocida como parte de los derechos humanos desde la IV Conferencia Internacional de Las Mujeres de NNUU, aún así esta consideración y sobre todo su aplicación ha sido muy diferente, en un contexto en el que “cada año mueren en el mundo más de medio millón de mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Lo que equivale a como si cada 4 horas cayera un Boeing con 240 personas, todas mujeres y algunas muy jóvenes. Y esto cada 4 horas todos los días del año” (Mª Casilda Velasco Juez).

El derecho al aborto, a la decisión de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos, y su cuestionamiento es la parte más visible y polémica de los derechos sexuales y reproductivos, que siguen teniendo muchas carencias en su reconocimiento y garantía. Hay dos matices clave que nos ayudan a comprender el alcance de estos derechos o por el contrario algunos de los límites o confusiones que se pueden generar sobre los mismos:

–    La salud como derecho. Debemos partir de un enfoque de derechos y no sólo de salud. Van a hacer ya 20 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo 1994) y de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995), espacios en los que el movimiento feminista consiguió un gran avance en el reconocimiento internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos como tales derechos humanos y su incidencia directa en la situación de las mujeres y las desigualdades de género. Este enfoque le confiere un grado más transformador, la obligación de su cumplimiento y garantía de parte de las instituciones y otros agentes.

–    Derechos sexuales además de reproductivos. En muchos momentos nos encontramos con un mayor énfasis en lo reproductivo ocultando otras luchas también incluidas relacionadas con el derecho a la intimidad, a la libre opción sexual, al control y disfrute de nuestros cuerpos, al placer sexual, a la información y educación sexual integral, entre otras. Es imprescindible destacar que si sólo hablamos de reproducción y salud visualizamos a las mujeres no como sujetas de derecho por sí mismas, sino que vinculamos el derecho a la salud y la garantía de reproducción al ser mujer y madre, como se ve en la reforma propuesta por el Partido Popular ya anunciada en su programa electoral de 2011 donde al hablar de la familia el énfasis estaba en que “La maternidad debe estar protegida y apoyada”.

Estas reivindicaciones globales no afectan únicamente a los países empobrecidos, necesitamos fortalecer una visión global que identifique las causas estructurales patriarcales y sus consecuencias en la generación de desigualdad entre mujeres y hombres y la vulneración de los derechos de las mujeres internacionalmente. En el caso del Estado Español las mujeres vivimos más pero con una salud peor y la atención y educación sexual sigue siendo totalmente insuficiente. Además sigue faltando una apuesta por la laicidad real del Estado y se difunden en los medios de comunicación y en otros espacios prejuicios y estereotipos que reproducen la lesbofobia, la sumisión de las mujeres y la sexualidad enfocada en el placer de los hombres… cuestionando derechos incorporados en la Ley del año 2010. Claro ejemplo es la polémica surgida con la difusión de un video privado de una política toledana, que ha supuesto un juicio público a la conducta de ella, cuando se estaba produciendo una vulneración de su derecho a la intimidad.

Y es que el cuerpo de las mujeres, es uno de los lugares donde más se reflejan las desigualdades de género, las opresiones y el control, por ello el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos ha supuesto siempre una punta de lanza en la lucha del movimiento feminista, el cuerpo como primer territorio, como plantean algunas mujeres del movimiento feminista indígena. Así mismo ha generado claras resistencias en los partidos y grupos conservadores, desoyendo afirmaciones como las de la relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU, Sra. Radhika Coomaraswamy “Los actos que limitan deliberadamente la libertad de la mujer para utilizar anticonceptivos o para hacerse un aborto constituyen violencia contra la mujer al someterla a un número excesivo de embarazos y partos contra su voluntad, que además aumentan el riesgo de mortalidad materna”. Así las restricciones en el derecho al aborto no implican una reducción de los mismos, sino un aumento de la clandestinidad, una mayor privatización de los servicios (aumentando las desigualdades entre las mujeres según sus medios económicos) y en definitiva un mayor riesgo para la vida y salud de las mujeres.

Este 28 de septiembre, el día de Acción Global por el aborto seguro y legal, viene precedido de la huelga del 26 de septiembre en Euskal Herria, convocada por sindicatos y movimientos sociales para la denuncia de la pérdida de derechos laborales y sociales y no aplicación de los recortes propuestos. Es en la pérdida de derechos y en la vuelta a políticas más conservadoras e injustas para la mayoría de la población donde coinciden las luchas. No permitamos que la necesidad de aplicar nuevas medidas y modelos, oculten cambios legislativos y pérdida de derechos. Actuemos comenzando por la huelga general en Euskal Herria, huelga de todo tipo de trabajos, del empleo y también del trabajo doméstico y de cuidados casi siempre invisibilizado. Exijamos la garantía de los derechos a las instituciones y partidos políticos y continuemos movilizándonos contra el retroceso de los mismos a través de la participación en los actos convocados, así como de acciones más locales y cotidianas, por la autonomía sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, por los derechos de todos y de todas.