Analizar la realidad social y política de Bolivia utilizando los tradicionales parámetros de los sistemas políticos occidentales, las llamadas democracias representativas, provoca reales e interesadas confusiones, cuando no evidentes manipulaciones sobre esa realidad. El objetivo de este tipo de análisis es generar desconfianza y descrédito hacia los nuevos planteamientos de transformación social y política que se están operando en ese país. Evidentemente, esta pretensión coincide plenamente con aquellas que también orientan las mismas intencionalidades hacia otros cambios y transformaciones que se van articulando en diferentes países del continente americano, ubicándose todo ello en la extensión a asunción general de que no hay alternativas viables al actual sistema neoliberal. La denominación peyorativa de populismos y autoritarismos es el común denominador.

Sin embargo, algo que tiende a ocultarse hasta su práctica invisibilización, es el hecho de que la totalidad de los nuevos procesos de cambio han llegado a los distintos gobiernos a través de elecciones democráticas, ya hablemos de Venezuela, Ecuador o Bolivia. Esta tergiversación de la realidad alcanza tal punto que algunos presidentes actuales son presentados ante la opinión pública occidental como cuasi-dictadores cuando, por el contrario, han ganado reiteradamente en la última década todas aquellas elecciones que se han dado en sus países y nunca han sido acusados por ninguna instancia internacional de manipular las mismas, como si lo fueron muchos otros de sus predecesores con auto adjudicado label democrático. Incluso se han sometido a referéndum revocatorio en la mitad de sus mandatos, figura que no está contemplada en ninguna democracia occidental y que supone un elemento más de control del gobierno por parte de la ciudadanía.

Un claro ejemplo de esto es el presidente de Bolivia Evo Morales. Cuando se celebraron las elecciones presidenciales del 18 de diciembre de 2005, este dirigente sindical obtuvo la mayoría absoluta, con más del 53% del voto. Es necesario recordar que en las últimas décadas ninguna presidencia del país gobernó con ese nivel de respaldo popular y, en la mayoría de los casos, ni tan siquiera habían alcanzado el 25% del electorado. La fuerte presión y sabotaje continuo al proceso de cambio que se abrió en la fecha mencionada, llevó a Morales a optar por someterse, en agosto de 2008, a un referéndum revocatorio; lo ganó con más del 67%. El pasado mes de diciembre se celebraron nuevamente elecciones generales y el triunfo ahora se logró con el 64% del electorado. Es decir, pese a la permanente y radical oposición de los partidos políticos tradicionales, aquellos que históricamente se han ido repartiendo el poder político y económico de Bolivia en las últimas décadas, no solo no se ha producido desgaste del gobierno, sino que éste ha ganado respaldo social de forma abrumadora. Y hay que recordar que esa oposición no ha dudado en utilizar todas las vías antidemocráticas a su alcance, desde el sabotaje productivo hasta el intento de golpe de estado. La vieja clase política y económica, paladín en el discurso de la democracia, nunca ha aceptado su derrota democrática y, con la aquiescencia de gran parte de la clase política occidental, no ha dudado en las formas para romper un proceso de transformaciones que amenaza directamente su viejo poder oligárquico.

Pero el elemento central de esta situación no está en la fortaleza del sistema de partidos políticos o en el asentamiento de una conciencia de democracia representativa entre la población. Por el contrario, los verdaderos artífices de este proceso no son otros sino las clases populares y los pueblos indígenas (más del 63% de la población) que en los últimos años han reivindicado su derecho a participar y decidir en el devenir del estado con nuevos planteamientos sociales, políticos, económicos y culturales. Por eso, los movimientos y organizaciones sociales e indígenas se han convertido en sujetos políticos e impulsores del proceso de cambio. El propio Movimiento al Socialismo (MAS), donde se ubica el presidente, como estructura organizativa no es un partido político tradicional, sino que se define como instrumento político de los movimientos sociales y fueron éstos quienes definieron su necesaria constitución como herramienta para llegar al poder y hoy definen los pasos en el proceso de transformación.

Las raíces de esta situación se hunden en procesos de mayor calado incluso hasta los tiempos coloniales. Pero, hay en las últimas décadas, diferentes hitos en los cuales se ha ido constituyendo la fuerza de estos movimientos como sujetos autónomos y determinantes en la vida de Bolivia. La Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 supone la aparición en escena de los pueblos indígenas amazónicos y la lucha por su reconocimiento y defensa de sus derechos como tales. Sucesivas grandes marchas se fueron dando desde entonces y en las mismas surgió ya la necesidad de la refundación del estado a través de una Asamblea Constituyente. En el año 2000, en la ciudad de Cochabamba, se da la llamada “Guerra del Agua” que, protagonizada por sectores urbanos y campesinos, supone la primera gran victoria popular contra la privatización del agua y la exigencia de su reconocimiento como bien público y, por consiguiente, contra los procesos privatizadores característicos del sistema neoliberal. El 2003 es el año que marcará el proceso consiguiente, con levantamientos contra la subida indiscriminada de impuestos y la conocida como “Guerra del Gas” que opone la fuerza organizada de los movimientos sociales a los últimos intentos de venta al extranjero del gas, una de las últimas riquezas naturales que le restaba a un país históricamente expoliado. A partir de ese momento, estos movimientos son ya protagonistas insoslayables del proceso y serán ellos quienes definan los siguientes pasos hasta llegar a las elecciones de 2005. Pero el proceso de cambio hacia una nueva etapa no concluye con la llegada al gobierno; como sostiene ya entonces el nuevo presidente, se había alcanzado el gobierno, pero no se tenía el poder. Éste último residía todavía en gran medida en las clases altas, auténticas detentadoras del poder económico y, por lo tanto, quienes podían subvertir y condicionar el demandado proceso de transformaciones sociales, económicas y políticas.

Serán nuevamente los movimientos sociales urbanos, mujeres, campesinos e indígenas quienes, primero sostengan el proceso de cambio y, en paralelo, lo impulsen a fin de ir dando los pasos imprescindibles: nacionalizaciones en diferentes sectores económicos, mejora de las condiciones de vida a través de sectores como la salud, la educación, etc. y la articulación de la Asamblea Constituyente para la definición de una nueva Constitución Política del Estado que suponga su reinvención a fin de responder a las necesidades reales de la mayoría de la población y no solo de aquellos sectores privilegiados históricamente. Esa nueva constitución ha reconocido a Bolivia como estado plurinacional y ahora, como resultado de las elecciones, se formará la primera Asamblea Plurinacional, con representación de los pueblos indígenas y en sustitución de las viejas cámaras de diputados y senadores.

La última victoria electoral ha supuesto el incontestable triunfo de este proceso impulsado por los movimientos sociales urbanos, de mujeres, campesinos e indígenas y ahora ya no solo se ha llegado al gobierno, sino que se tiene el poder necesario para articular las transformaciones oportunas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres, hombres y los pueblos que constituyen Bolivia. La demandada construcción de un nuevo país donde todos los derechos sean reconocidos y ejercidos por todos y todas es más factible y aunque las presiones y condicionantes, internos y externos, continuarán presentes, la fortaleza y claridad demostrada por los movimientos sociales es una garantía para recorrer ese camino.

Mugarik Gabe
15-01-10