Las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes queremos, en primer lugar, mostrar nuestro más absoluto rechazo a los hechos ocurridos el pasado 17 de enero en la Escuela de Cadetes General Santander, en los que a causa de la explosión de un coche bomba murieron más de 20 policías cadetes, una acción cuya autoría fue reconocida por el Ejército de Liberación Nacional – ELN y que justifica como un acto de legítima defensa en un contexto de guerra. Unos hechos que nosotras lamentamos profundamente y que nos llevan a la reflexión de que el ELN no ha sabido hacer una lectura adecuada y realista de la coyuntura política y social actual en el país.
Lamentamos y denunciamos, en este sentido, el anuncio realizado por el presidente Iván Duque de levantar la mesa de diálogo con el ELN, iniciada por el expresidente Juan Manuel Santos en 2017. Unos diálogos que, frente a las dificultades que han venido sucediéndose desde entonces, habían conseguido consensuar una agenda, lograr la participación de países garantes y acordar una tregua bilateral de 100 días, que representó un alivio para la población que vive en las regiones en conflicto.
Este levantamiento de la mesa, junto con el incumplimiento y/o continuos retrasos de los Acuerdos de La Habana, no nos acerca ni mucho menos a la paz. Al contrario, pretende generar una oleada de rechazo y criminalización que llega hasta las organizaciones populares, empeñadas en una protesta pacífica y transformadora. Se señala de este modo a movimientos, comunidades y liderazgos que venimos acompañando desde hace muchos años, generando un caldo de cultivo para un mayor recorte de derechos y libertades democráticas.
Estos pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, campesinado, mujeres, estudiantes, etc., anhelan la paz y entendían la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN como una oportunidad. La visibilización y apoyo a dicho proceso es lo que ahora pone en riesgo a todas estas personas ante un hipotético nuevo escalamiento de la violencia política en el país por parte las Fuerzas Armadas, el ESMAD, los paramilitares y las insurgencias ELN, EPL y las disidencias de las FARC.
Por ello exigimos:

  1. Retomar la senda del diálogo con el ELN, ya que el único camino que ha demostrado superar el conflicto armado es la solución política.
  2. La implementación total de los Acuerdos de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC.
  3. Garantizar la participación real de la sociedad civil en la construcción de la paz, de manera que ésta no les cueste la vida.
  4. Desarrollar mecanismos para proteger y defender la vida de todos y todas las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en Colombia, con la participación protagónica de las organizaciones sociales.
  5. Que la comunidad internacional continúe acompañando con mayor vehemencia si cabe el proceso de paz en Colombia.

La paz solo lo es cuando se respetan los derechos individuales y colectivos de todos y todas. La paz es generar, desde la diversidad, modelos convivenciales de buen vivir en los territorios. La paz es, en definitiva, desarrollar vidas que merezcan la pena ser vividas. Sigamos apostando por la paz.
Firman: Paz con Dignidad, Mugarik Gabe, Mundubat, CEAR-Euskadi, Emigrados sin Fronteras, Liliana Zambrano, Angélica Padilla.