Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

Este drama humano, de salud pública y de trasgresión de derechos constituido por el aborto inseguro determinó en 1990 que las mujeres del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe decidieran establecer el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, para afirmar la reivindicación histórica de las mujeres por la libertad reproductiva y por el control del propio cuerpo. Desde entonces más organizaciones de mujeres se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en esta región. Hoy suman más de 600.

La penalización del aborto atenta contra el goce de una serie de derechos humanos y ciudadanos de las mujeres, entre otros: el derecho a la vida; el derecho a la libertad y seguridad personales; el derecho a la salud; el derecho a la igualdad y a la no discriminación; el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; el derecho a controlar su propia fecundidad; el derecho a contar con servicios de salud reproductiva y el acceso al aborto seguro para responder a sus necesidades de salud; el derecho a los beneficios del progreso científico, etc.

Muchos de estos derechos están consagrados en la Declaración Universal.

En Nicaragua este año también se celebra este día, y con una necesidad aún mas urgente si cabe que otros años. El 26 de octubre del 2006 la Asamblea Nacional legislativa aprobó una ley anulatoria del artículo 165 del Código Penal de 1893, que establecía el Aborto Terapéutico como figura legal. Por tanto, quienes incurran en él podrán ser castigados con 4 a 8 años de prisión. La decisión se adoptó en medio de una agitada campaña para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Desde hace más de 100 años se permitía el aborto terapéutico en Nicaragua, que contempla los casos “de riesgo para la vida de la madre, daños irreversibles al embrión o feto, o cuando el embarazo es fruto de una violación o incesto”.

Para la OMS, el aborto terapéutico debe estar autorizado por las legislaciones de los países con el fin de evitar miles de muertes anualmente. De los 193 países que conforman las Naciones Unidas, el 97% permiten el aborto terapéutico para salvar la vida de las mujeres. Sólo El Salvador, Chile, El Vaticano y Nicaragua lo penalizan. Este dato demuestra claramente que el acceso al aborto terapéutico es un principio universalmente aceptado que transciende diferencias culturales, credos religiosos e ideologías políticas. El aborto terapéutico es considerado internacionalmente como un servicio de salud especializado cuya finalidad es salvar la vida de las mujeres.

En el mundo existen distintos niveles de penalización del aborto, pero está demostrado que la existencia de más o menos abortos no está en relación a la penalización, pues hay países en que la interrupción del embarazo es totalmente permitida y sin embargo los abortos son una mínima proporción.

La OMS ha determinado que la multiplicación del aborto está asociada directamente a la falta de educación sexual, al poco o nulo acceso a anticonceptivos, al déficit de una paternidad responsable y a las deficiencias en la atención a la salud integral.

Condenamos la decisión tomada por el Estado nicaragüense, no sólo porque supone la vulneración de los derechos humanos más básicos, así como del principio constitucional laico del país, sino también por no haber tenido en cuenta las opiniones y criterios técnicos de especialistas (profesionales de la medicina) ni de las principales afectadas (las mujeres), condenando de esta forma a la muerte a muchas mujeres y a dilemas éticos a profesionales de la medicina.

Condenamos también el no tener en cuenta la realidad alarmante de muchas mujeres nicaragüenses. El 27% de todas las adolescentes del país o están embarazadas o ya han sido madres. Entre las víctimas de mortalidad materna, el 30% tiene menos de 19 años. Casi una tercera parte de los niños y niñas que nacen en el país nacen de niñas de entre 11 y 15 años. Por no hablar de la lacra social de los abusos sexuales y el incesto, responsables de la gran mayoría de estos embarazos.

Apoyamos la lucha del movimiento feminista y de organizaciones de mujeres, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, la Universidad Nacional, Sociedades médicas y Organismos que trabajan por la niñez y por la salud de las mujeres, quienes siguen denunciando y trabajando por la reincorporación del derecho al aborto terapéutico.

Y estamos a favor de un debate amplio sobre el aborto, sacándolo del espacio sórdido al que se le ha querido confinar, siendo conscientes de que se trata de un tema delicado y en el que se cruzan múltiples factores y diversidad de opiniones: derechos de la madre, derechos del padre, maternidad, paternidad, responsabilidad, reproducción, sexualidad, abuso sexual, violación, métodos anticonceptivos, creencias religiosas, conciencia, moral, asesinato, vida, muerte, libertad, derechos del no nacido, calidad de vida, culpabilización, estigmatización, pecado, destino natural de la mujer, resignación, opción, …

Porque “para poder elegir hay que tener alternativas”.

Edurne Bengoetxea
Mugarik Gabe, ONGD
44.152.706-C


En Noviembre el Cine Social es Protagonista

 En Noviembre seguimos con las Muestras de Cine Social en distintos pueblos de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. Este año en Bizkaia y Gipuzkoa tendremos una muestra dedicada a Cuba, mediante trabajos traídos desde la isla. Nos adentraran en distintas visiones que intentan mostrarnos la verdadera Cuba. Por otra parte en Araba, tendremos la oportunidad de descubrir la mirada de los distintos Pueblos Indígenas, con trabajos traídos del VIII. Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas realizado en Oaxaca, México.

Entra en nuestra AGENDA  e informate que Muestra tienes mas cerca!!

 


Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Nunca más el mundo sin los Pueblos Indígenas.

Al hilo de los procesos en los últimos años respecto a la llamada “guerra contra el terrorismo” que han traído una paulatina reducción del ejercicio de los derechos humanos, además de declaraciones de guerra unilaterales (Irak), no atraviesa este organismo internacional precisamente uno de sus momentos de mayor fortaleza. Sin embargo, la declaración recién aprobada, aunque no tiene un carácter vinculante para los estados, tiene toda su legitimidad en la fuerza moral que supone y en que proporciona principios y derechos a la labor de organizaciones, instituciones y sistemas de protección de los derechos humanos, yendo dirigida a esos propios estados. Por lo tanto, establece y reconoce una nueva relación entre los estados y los pueblos indígenas, basada en el respeto de los derechos individuales y colectivos, así en la convivencia pacífica.

Como señalábamos al principio, el proceso ha sido arduo teniendo sus inicios en el año 1982. Desde entonces, los pueblos indígenas han tomado parte del mismo, en el sentimiento de que, si bien los derechos indígenas no son negociables por su carácter de inalienables, era importante establecer un marco internacional sobre esos derechos que deben de respetar y cumplir los estados. La forma de aprobación de esta declaración retrata, una vez más, las actitudes de algunos países con respecto a los derechos humanos. Podría haberse aprobado por consenso, pero éste no ha sido posible y al final han sido 143 votos a favor, 11 abstenciones y 4 votos en contra. Estos últimos, reflejando la postura de Nueva Zelanda, Australia, Canadá y los EE.UU. Los pueblos indígenas son sabedores de que el abrumador respaldo no supondrá automáticamente el respecto e implementación de los derechos reconocidos, pero son también conscientes del importante paso dado y de lo que supone la oposición frontal de los países que han votado abiertamente en contra de ese reconocimiento.

La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, en un análisis inmediato, destaca varias cuestiones. De una parte, el importante trabajo llevado adelante en estos largos años de presión y negociación política, lo que supone una admitida interlocución política,  de los pueblos indígenas como sujetos activos en la defensa de sus derechos. Y todo ello en unas evidentes condiciones de desigualdad de medios, principalmente económicos y de comunicación, para un colectivo que representa a unos 5000 pueblos en el mundo, frente a las maquinarias negociadores de los estados. Nunca más el mundo, sin los pueblos indígenas como protagonistas de su presente y su futuro.

Por otra parte, pese al último proceso negociador y de las modificaciones introducidas en la declaración final, hay una evidente satisfacción, dado que han quedado establecidas, en los 46 artículos de que consta el documento, suficientes garantías para la preservación de los derechos colectivos fundamentales de estos pueblos. Precisamente, esos derechos colectivos, suponen una destacada victoria del movimiento indígena, ya que han sido estos pueblos quienes han introducido en el debate internacional ese concepto de colectividad, parejo al reconocimiento de derechos individuales que suponen la mayoría de los instrumentos internacionales que rigen el sistema de los derechos humanos. Todavía hoy muchos siguen negando la existencia de los derechos colectivos y solamente admiten, en una concepción occidental, la de los derechos humanos individuales.

Hacer una pormenorizada relación de los derechos reconocidos excedería el espacio de este urgente escrito, por lo que únicamente destacamos algunos de ellos. Hasta ahora, muchos pactos internacionales reconocían el derecho a la consulta (en demasiadas ocasiones manipulado) para los pueblos indígenas, ahora se establece el consentimiento libre, previo e informado como un derecho permanente en todos aquellos proyectos que afecten a sus tierras, territorios y recursos. Establece, igualmente la obligación de los estados de tener como interlocutores en las consultas a las instituciones representativas, elegidas según procedimientos propios, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, a fin de conseguir ese consentimiento.

Los pueblos indígenas tienen el derecho a la posesión, utilización, desarrollo y control de sus tierras, territorios y recursos, incluyendo en su aplicación los sistemas de propiedad tradicional de cada pueblo y los estados deben de asegurar el reconocimiento y protección jurídica de los mismos. Esto garantizaría el ejercicio de un derecho permanentemente negado cual es el de establecer los modelos propios de desarrollo, definiendo sus prioridades y estrategias, a fin de garantizar su existencia política, social y económica.

Sin duda el derecho más controvertido en todo el proceso de discusión es aquel que se refiere a la libre determinación. Ésta, aunque con alguna limitante, queda ahora reconocida y supone uno de los mayores avances para los pueblos indígenas. El art. 3 reconoce literalmente “el derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

Se protegen igualmente otros derechos, como es la propiedad intelectual colectiva sobre sus conocimientos tradicionales; el derecho a establecer sus propios sistemas de salud y de educación, a sus medios de información, a la conservación y protección del medio ambiente, y a la identidad propia y por ellos definida.

Por último, la Declaración reconoce que lo establecido por la misma no son sino las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas, por lo que se puede decir, hay un reconocimiento implícito de que todavía resta un camino por delante que estos pueblos están dispuestos a continuar y la comunidad internacional debe respaldar.

Art. 44. “Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígena”. 

Jesus González Pazos
Miembro de Mugarik Gabe
(07/09/14)