En esta segunda Nota damos cuenta de la continuidad de la visita a Colombia de la Delegación Vasca en el marco del Programa de Protección Temporal a Defensoras/es de Derechos Humanos. Misión integrada por la Dirección de Derehcos Humanos y la Agencia Vasca de Cooperación de Gobierno Vasco, por parlamentarios de PNV, EH-Bildu, Elkarrekin-Podemos, PSE y PP, y por Cear-Euskadi y Mugarik Gabe.

Durante los primeros días de esta semana se visitó el Departamento de Antioquia, y se trabajo en el mismo con la Organización Indígena de Antioquia, a la cual pertenece el líder Richar Sierra, quien estuvo acogido al Programa en su edición de 2017.

El martes, día 23, la Delegación se desplazó al municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca, territorio senú y en estos días precisamente sometido a la violencia por parte de diferentes actores armados. Las comunidades de esta área sufren desplazamiento forzado, asesinatos y hostigamientos continuos en el marco del reposicionamiento de actores armados (ELN, paramilitares, narcotráfico) en un territorio que el desarme de las FARC-EP tras los Acuerdos de Paz, ha dejado libre.

En el día de ayer, miércoles, la Delegación se ha trasladado a Bogotá para la última parte de su misión de verificación de la situación de los derechos humanos en Colombia. Este día miércoles ha estado dedicado a reuniones con diferentes organizaciones sociales al objeto de recabar información pormenorizada, con especial interés, en la situación de violación de derechos que atañe a los pueblos indígenas de toda Colombia (104 pueblos que suponen aproximadamente un 3,5% de la población del país; aproximadamente  1.500.000 de personas).

Se mantuvieron reuniones con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con Justicia y Paz, Marcha patriótica, y Ruta Pacífica de Mujeres, entre otras.

En algunos de los informes que Mugarik Gabe pudo recoger en el día de ayer se encuentran datos de alta gravedad e impacto político y social como:

1.- Según ACNUR, en los pocos días que llevan transcurridos del presenta año 2018, ya son aproximadamente unas 1.000 personas las que han sido obligadas a desplazarse de sus territorios; principalmente de pueblos como embera, senu, awa…

2.- La ONIC denuncia que hoy siguen comprobando que para el gobierno colombiano es más importante la riqueza del subsuelo colombiano (recursos naturales) que la pervivencia de los pueblos indígenas.

3.- El 98% de los acuerdos firmados en diferentes momentos en los últimos años entre el gobierno nacional con las organizaciones nacionales indígenas (Comisión Nacional de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas) se están incumpliendo sistemáticamente por falta de voluntad política y por no destinar los presupuestos necesarios.

4.- Se reafirman en la denuncia de que “en tiempo de paz” se sigue asesinando, como demuestra el hecho de los 37 homicidios de líderes/as indígenas en 2017.

MUGARIK GABE – 2018/01/25