Compartiendo el camino de la denuncia

Sirva este breve texto a modo de “rendición de cuentas” del trabajo de socialización que hemos hecho hasta el momento respecto a la presentación del Informe de Criminalización en Guatemala.

Este pasado mes de noviembre publicamos y presentamos el informe “Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta social. El caso Guatemala” (http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2017/11/Informe-transnacionales-Guatemala.pdf).

Pero antes llegó septiembre y ese fue un mes clave para el trabajo de investigación, redacción y denuncia que este informe conlleva. Fue importante septiembre no por encontrar alguna información clave, no por acceder a alguna fuente desconocida hasta ese momento. Por el contrario, fue importante porque entonces pudimos compartir lo esencial de este informe con organizaciones y comunidades en Guatemala, en las áreas directamente afectadas por los casos de actuación de transnacionales que se recogen, y en otros lugares del país, también afectados por diferentes procesos de criminalización de la protesta social. Así, antes de cerrar la redacción final y de pasar a la tarea de publicación de los resultados de meses de trabajo, necesitábamos socializarlo con quienes son verdaderos protagonistas, con quienes sufren directamente las violaciones de derechos asociadas al expolio territorial que supone la entrada en las comunidades de empresas mineras, hidroeléctricas, agroindustrias o de hidrocarburos. Comunidades que son criminalizadas por estos agentes (transnacionales, oligarquías y estado) cuando éstas se organizan en resistencia y en defensa de sus derechos. Necesitábamos, y era un compromiso, compartirlo con ellos y ellas, tanto en lo individual como en colectivo y de alguna forma concluirlo, pedir permiso y pasar a la siguiente fase de presentación de este informe en espacios y foros diversos en Europa.

De esta forma, el informe referido se ha convertido ya en una herramienta para la denuncia de la criminalización de comunidades y pueblos, de defensores y defensoras de derechos humanos y, en muchos casos, de cómo son las mujeres indígenas las que sufren nuevamente esa triple violación de sus derechos por mujer, indígena y empobrecida. Y por todo ello ahora, a través de este texto, queremos dar cuenta de esa primera fase de presentaciones. Quedará así constancia, de algún modo, del impacto e incidencia política lograda; contaremos así a organizaciones y comunidades de Guatemala la denuncia realizada sobre estas situaciones en esta parte del mundo. Como se suele decir cuando nos encontramos, en este otro lado del ancho mar que nos separa, pero que también nos comunica.

Curiosamente, esta enumeración de espacios, lugares, organizaciones y agentes con quienes se ha trabajado la presentación de este informe empieza en los días inmediatamente anteriores a la publicación del mismo. Fue, por distintas circunstancias, en el Parlamento Europeo (Bruselas) donde debimos de hacer la primera actividad ante un amplio grupo de parlamentarios y parlamentarias de los grupos políticos europeos de Los Verdes y del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. Se pudieron así mismo mantener diferentes reuniones individuales con otros parlamentarios vascos y gallegos y en los días sucesivos el informe ha sido remitido a un número muy alto de cargos de esta institución de diferentes países para su conocimiento. Se ha ampliado así el foco de denuncia en Europa.

El siguiente paso vino dado, una vez ya publicado, en nuestro propio país. Era obligatorio presentarlo en primera instancia a la Agencia Vasca de Cooperación Internacional pues, es el organismo del Gobierno Vasco más cercano al campo de la solidaridad internacional. De todas formas prevemos, aunque aún no se ha podido fijar fecha, la presentación también en el Parlamento Vasco, en sesión oficial ante la Comisión de Derechos Humanos.

A mediados de noviembre, dimos el salto al Mediterráneo y en una amplia e intensa gira de una semana se pudo compartir la denuncia con instituciones del País Valencià (Alicante y Valencia), desde las Cortes Valencianas, hasta el Ayuntamiento de la segunda ciudad citada. Pero también se presentó en medios de comunicación y en varias conferencias públicas.

En esa misma semana pasamos a Catalunya, la cual se encuentra en una compleja situación política y social en el marco de las demandas de reconocimiento de sus derechos como nación. A pesar de esas circunstancias especiales, el informe se presentó igualmente a fuerzas políticas e instituciones (Ayuntamiento de Barcelona o Agencia Catalana de Cooperación); también se realizó una importante sesión con organizaciones sociales y una presentación pública. Se trata siempre de no quedarse solo en el trabajo con las instituciones, sino llegar también con la denuncia a organizaciones y a la propia sociedad para construir conciencia crítica, en especial, sobre las actuaciones de las transnacionales y la criminalización consiguiente de la protesta social.

Un breve descanso y la última semana de noviembre nos encontró en lugares dispares del estado español. De una parte, se pudo hacer una presentación a diputados y diputadas del Congreso español, en la que participaron también organizaciones sociales del mundo de la cooperación y solidaridad de Madrid. Como en el caso del Parlamento Europeo, posteriormente el informe sobre criminalización de la protesta social ha sido remitido a un número importante de congresistas para su conocimiento. Dado el hecho de que los casos concretos que se recogen en este trabajo afecta a trasnacionales españolas era importante poder hacer incidencia política de esta denuncia en este espacio institucional español.

Y como apuntábamos antes, en esa misma semana, otra presentación relevante la realizamos en el Parlamento de Navarra ante una Comisión en la que participaban representantes de todas las fuerzas políticas de este parlamento. Como siempre que ha sido posible también allí, en la ciudad de Pamplona (Iruñea), se realizó una charla pública.

Subrayar, para finalizar esta breve relación del trabajo de presentación que se ha hecho ya con este informe, tres aspectos más. El primero, que el documento que nos ocupa está siendo ampliamente distribuido a través de las redes sociales tanto en Europa como en América Latina y ya nos llegan informaciones y comentarios positivos al mismo. Incluso se está multiplicando su difusión a través de otras organizaciones que lo incluyen en sus páginas o en otros medios que manejan.

Una segunda cuestión es que algunas de las instituciones con las que se ha estado (parlamentos autonómicos, ayuntamientos…) han mostrado su disposición a estudiar la posibilidad de aprobar declaraciones institucionales en relación a la necesaria defensa de quienes defienden los derechos humanos. En estos momentos, se preparan ya propuestas para dichas instituciones que se trabajarán en los próximos meses para su aprobación.

Por último señalar que no consideramos cerrado este trabajo de incidencia política. Por el contrario, hemos concluido una primera etapa pero, con el nuevo año esperamos poder seguir abriendo espacios institucionales, políticos y sociales. El objetivo seguirá siendo extender la denuncia de las responsabilidades de las transnacionales, oligarquías locales y, en este caso, del estado de Guatemala en los procesos de criminalización contra la justa protesta social por el ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos que corresponden a los pueblos de Guatemala, especialmente el derecho al territorio, al agua, a la Vida Digna.

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