Por Maria Dolores Marroquín – Asamblea Socialy Popular de Guatemala-

La indiferencia se ha apropiado de la mayoría de la sociedad, que subsumida en el consumismo está como muerta en vida.

El país de la eterna primavera está siendo amenazado por la perversa destrucción que estamos haciendo o permitiendo que se haga en este territorio.

Ciudadanas y ciudadanos que consideran que no es posible permitir que la vida que conocemos sea eliminada para imponer los intereses económicos de las empresas y de los capitales nacionales e internacionales, se han organizado para solicitar ser consultados y, que sus opiniones cuenten en la decisión sobre el futuro de los diversos territorios.

Pero los intereses económicos son tan perversos y fuertes, que no permiten ninguna voz disonante a sus formas de acumulación y enriquecimiento, aunque tengan gran impacto sobre las poblaciones y la naturaleza.

Solo esta semana han sido asesinadas 2 de estas personas en distintos puntos del país.

El 17 de enero fue asesinada Laura Leonor Vásquez Pineda de Mataquescuintla Jalapa, quien desde 2013 participó en la organización comunitaria que expresa su rechazo a la instalación de la Minera San Rafael, S.A. (Minerasa), subsidiaria de la estadounidense/canadiense Tahoe Resources.

Este rechazo se da por lo que implica la presencia minera: temblores permanentes y destrucción de las casas; contaminación del agua, que genera enfermedades en la piel, abortos espontáneos y que deja sin agua para la siembra y para que los animales tomen, entre otras; además de la destrucción de cerros y espacios de expresión espiritual y descanso de la población.

Sumado a esto, la instalación de la mina ha traído la presencia de hombres armados, que ha significado mujeres y niñas acosadas sexualmente, violadas y una gran cantidad de mujeres embarazadas de hombres que no se hacen cargo de su paternidad.

Ese mismo 17 de enero, día en el que la población realizaba una manifestación pacífica contra la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Pojom 1, fue asesinado el anciano Sebastián Alonso Juan, de la aldea Isquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

Este proyecto avanza con el aval estatal, a pesar de que la población ha dicho, en repetidas ocasiones, que no lo quiere, porque está significando el no poder hacer uso del río como siempre lo había hecho, y tener serias dificultades para acceder al agua; además de la militarización del territorio que siembra el terror en la población.

Mientras tanto la población ve pasar los muertos y sigue tildando de bochincheros o justifica la violencia que se ejerce en su contra, por atreverse a exigir sus derechos.

La indiferencia y el individualismo se ha apropiado de la mayoría de la sociedad, que subsumida en el consumismo está como muerta en vida, haciendo el juego a quien en realidad define el destino de la sociedad y de su propio destino como persona.